Derecho a la verdad, la justicia y la reparación

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Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación son derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En Colombia, están codificado en la Ley 1448 de 2011.

La población que ha sido víctima de la persecución sistemática del establecimiento y la comisión de CLH tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todo el daño que les ha sido causado; tienen derecho a recuperar sus sueños y luchas, luchas que han sido acalladas por medio del terror y la sangre sistemáticamente. Este tipo de actos inhumanos se encuentran en la actualidad cubiertos bajo el manto de la impunidad y el olvido, mientras sus responsables continúan implementando su estrategia de destrucción y muerte.

La verdad

Para poder reconstruir los sueños y reivindicaciones que dieron sentido a la vida y a la lucha de las victimas y lograr que estas injurias a la dignidad humana no vuelvan a repetirse, es preciso recuperar LA VERDAD y vencer al olvido y el miedo. En este sentido, el rescate de la verdad es una tarea fundamental que permitirá romper con la memoria oficial, caracterizada por el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios, propiciando el reconocimiento político, y ético de las luchas y sueños de la población. Ni las estadísticas oficiales, ni los expedientes de “justicia”, ni las publicaciones de los medios masivos nos pueden dar cuenta de esta verdad, sino únicamente la versión de las víctimas, sus familiares y amigos. Uno de los desafíos más grandes de nuestra sociedad es el de recuperar la voz de las víctimas, solo siendo atentos a su voz, dándoles valor para vencer el miedo[1], sanar sus heridas y revivir sus luchas, se podrá sacar a la luz la verdad, verdad caracterizada por razones de tipo social, económico y político que desencadenaron en la comisión de los crímenes.

El desconocimiento de la verdad conlleva a que el Estado imponga una ley de “perdón y olvido”, bajo la cual se hace a un lado la memoria histórica, se desconoce la verdad de las víctimas y se incrementa la impunidad, lo cual se evidencia en los beneficios suministrados por el Estado a los victimarios, quienes lejos de responder por sus crímenes se ven cobijados con el olvido y la distorsión de la memoria. Este tipo de medidas se caracteriza por su superficialidad, la falta de compromiso político y el incremento notable de la impunidad.

Justicia

La justicia es la capacidad de dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde. La justicia es entendida como el equilibrio entre las personas, por esta razón no puede entenderse desde el ámbito individual sino como la pertenencia a un grupo que interactúa en sociedad y que manifiesta sus intereses y necesidades.

En el panorama nacional, la administración de la justicia responde a una verdad consignada en los códigos y leyes, asimilando esa única verdad para imponerla sobre el conjunto de la sociedad.[1]

El desequilibrio y la injusticia social de la sociedad colombiana se incrementan día a día y se ponen de manifiesto tanto en los crímenes de lesa humanidad contra los miembros de las organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantiles, la oposición política, los indígenas, afrocolombianos, trabajadores y demás personas que luchan por la transformación social y la reivindicación de sus derechos como en la inequitativa distribución de la riqueza y las escasas oportunidades de participación política y laboral, por citar algunos referentes. A ello se suma la impunidad, otro agravante de la injusticia social; “la impunidad dio traste con la justicia. La secuestró, la puso a su servicio, la violó y la destruyó, la convirtió en una prostituta que da lástima, cuya regeneración parece ya imposible... ¿Cómo reparar los destrozos jurídicos causados por la impunidad? Sólo si la impunidad fuera erradicada, la justicia tendría alguna opción de reconstruirse” .[2]

¿Cómo podemos entonces exigir justicia? No basta con el esclarecimiento de los hechos y los responsables a través de las instancias legales y administrativas del Estado; la exigencia de justicia no puede limitarse únicamente a que los mecanismos jurídicos del estado funcionen. Requerir justicia también implica:

   Propender por la transformación de la sociedad actual, caracterizada permitir la persecución y agresión sistemática de miles de personas con el fin de proteger y amparar los intereses hegemónicos que prevalecen por medio del sufrimiento y la desmemoria.
   El cambio de las normas y preceptos legales existentes, dado que los actuales únicamente perpetúan los intereses y desmanes de las elites.
   La participación del común de la sociedad, la libre expresión y puesta en marcha de los sueños reivindicaciones y luchas de la población, motivando la reconstrucción del tejido social. 


La Reparación

La reparación se entiende desde un punto de vista integral, que tiene como punto de partida el reconocimiento de la verdad por parte del Estado y los victimarios. Cuando se habla de una reparación integral debe tenerse en cuenta que esta no se limita únicamente a una indemnización económica para las víctimas, sino que debe apuntar fundamentalmente a la reconstrucción y reivindicación de sus sueños y luchas, el reestablecimiento de la verdad, el retorno al lugar de origen y la restauración de sus empleos y propiedades, entre otros aspectos. Además de esto, otro aspecto fundamental de la reparación es su desarrollo en los aspectos personal, familiar y social, lo cual posibilitara el proceso de sanación, tanto individual como colectiva. También se precisa que el establecimiento genere las condiciones para que halla un acompañamiento económico, jurídico, social y psicológico a las víctimas y sus allegados.

Otra de las características de la reparación integral que debe asumir el Estado es dar a conocer a toda la población lo sucedido y tomar medidas para que la comisión de CLH y demás violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse. Una de las obligaciones más importantes del establecimiento es la de aplicar las sanciones judiciales y administrativas a los victimarios, ejercer mayor control sobre la fuerza pública, abolir el fuero militar y desmontar definitivamente las estructuras paramilitares.

En síntesis, entre las principales dimensiones de la reparación se encuentran:

  • Restitución: encaminada al reestablecimiento de la normalidad existente antes del crimen.
  • Compensación: Donación de bienes que compensen daños irreparables, físicos o psicológicos.
  • Reconocimiento público de lo sucedido, sanciones para los victimarios, garantías para la población y control para los funcionarios estatales.
  • Satisfacción: Reconocimiento y proclamación de la verdad; expresión de disculpas públicas del Estado y homenajes a las víctimas en conmemoraciones y monumentos, para establecer su dignidad, además de propiciar la apertura de espacios para que se escuchen las reclamaciones populares y se construyan otras alternativas de sociedad.[3]

Referencias

  1. CNM. Verdad, memoria y lucha contra la impunidad 1966 – 1998. 2003. p.61.
  2. GIRALDO Javier. Consecuencias de la impunidad, abril de 1997.
  3. CNM. Verdad, memoria y lucha contra la impunidad 1966 – 1998. 2003. p. 61.

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